La política minero-energética de Colombia ha estado en un terreno de incertidumbre porque el gobierno no define si, finalmente, se firmarán nuevos contratos de exploración y explotación petrolera y gasífera.
Aunque el debate ya parece un poco reiterativo, lo que hay de por medio es la soberanía energética del país. Un concepto que en resumidas cuentas indica que la Nación puede producir el gas y el petróleo que necesita y no sería necesario comprárselo a otros países.
Según la Asociación Colombiana del Gas Natural (Naturgas), importar este hidrocarburo elevaría hasta cinco veces los precios en las facturas que pagan los hogares.
En ese contexto, dos ministros del presidente Gustavo Petro dieron declaraciones que nuevamente prendieron la polémica porque se mencionó la posibilidad de comprar gas venezolano, pese a que Colombia tiene en sus suelos todo el potencial para autoabastecerse.
Primero el producto local
Irene Vélez, ministra de Minas y Energía, fue el objetivo de un dardo lanzado el sábado por Luz Estella Murgas, presidenta Naturgas, quien le sugirió a la funcionaria que el gas colombiano debe se la primera opción para el consumo doméstico.
“La ministra reafirma en Semana que no debemos depender de ningún país”, se lee en el trino de la líder gremial, y acto seguido citó las palabras textuales de la funcionaria: “Deberíamos, en todos los casos, propender por la soberanía”. Y ahí redondeó su comentario: “El gas natural que consumimos en el país es 100% colombiano. Esto es autosuficiencia y seguridad energética”.
No es la primera vez que Murgas hace énfasis en este punto. De hecho, le había comentado a EL COLOMBIANO que apoya la idea de recibir los millones de pies cúbicos de gas que Venezuela le debe a Colombia, pero dejando en claro que esas deben ser unas existencias de respaldo.
“En caso de que se presente una contingencia y de que no se pueda atender la demanda, se aprovecharía la infraestructura existente (gasoducto Antonio Ricaurte) para garantizar el abastecimiento. Así, este combustible es bienvenido en el país”, señaló.
En esa línea, igualmente afirmó que “hay que revisar el contexto jurídico del contrato que firmaron Ecopetrol y PDVSA para aclarar los volúmenes y tiempos de exportación e importación del combustible, así mismo inspeccionar el estado actual de la infraestructura del gasoducto (construido en 2007 y que permanece inoperante) para establecer si está en óptimas condiciones”.
Pese a todos los argumentos que gremios y académicos le han entregado al gobierno, la postura frente a los contratos de exploración y explotación sigue siendo ambigua.
En medio del revuelo que la ministra de Minas ha causado con sus declaraciones, José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda, ha sido el bombero que apaga los incendios y en diversas oportunidades ha desmentido a su compañera de gabinete al afirmar que no se ha dado la última palabra con respecto a los nuevos contratos.
Sin embargo, en una entrevista transmitida el pasado viernes por Globovisión, también hizo unas declaraciones que generaron controversia: “Colombia tuvo unos grandes descubrimientos de gas el año pasado, entonces, las necesidades que vamos a tener de importar gas van a ser menores. Sin embargo, en el inmediato futuro sí hay posibilidades interesantes de que Venezuela exporte gas a Colombia”.
Más argumentos
Irene Vélez presentó en diciembre del año pasado un documento que apuntaba a que Colombia tendría reservas de hasta 2032 y no tendría que firmar más contratos de exploración y explotación. No obstante, recibió duras críticas porque metió en una misma canasta las reservas probadas, posibles y probables.
En respuesta a ese texto, Armando Zamora, quien dirigió la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) por 11 años, le dijo a este diario que, según el último reporte que él entregó, el país tendría que firmar por lo menos 200 contratos para tener suficiencia hasta 2040.
En todo caso, el país sigue a la espera de las conclusiones de una reunión ministerial que se realizó hace dos semanas y en la que se discutiría este asunto. Fuentes de Presidencia de la República señalan que si en la reunión se hubiera establecido que no era necesario la firma de nuevos contratos, ya lo habría hecho público la ministra Vélez.
Y más, cuando la única certeza es que las reservas certificadas del país son de petróleo para 7,6 años y las de gas dan para 8 años .