En este PMU, que contó con la participación y el compromiso de la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, el Gobierno Nacional escuchó a diferentes comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas del Cauca, escenario en el que le presentó al país el plan de emergencia para la protección de los líderes y defensores ambientales.
“Veinte líderes sociales ambientales del Magdalena Medio fueron amenazados por oponerse al fracking, 17 funcionarios de Parques Nacionales Naturales fueron asesinados durante la última década. Por eso, como ministra de Ambiente hago presencia en este PMU. Vamos a aportar de formas concretas: mapeando los conflictos socioambientales en todo el país, trabajando para ampliar la democracia ambiental, como también alertando situaciones especiales de colectivos que defienden el ambiente”, afirmó la jefe de la cartera ambiental.
Asimismo, la ministra Muhamad resaltó el compromiso del Gobierno para la pronta ratificación del Acuerdo de Escazú: “Queremos que los actores ambientales tengan un canal para ejercer la democracia ambiental que, además, se debe profundizar con la ratificación del Acuerdo de Escazú en el Congreso. Lo que estamos haciendo hoy aquí, aporta a ese avance del acuerdo, aunque no haya sido aprobado”.
El plan de emergencia cuenta con siete ejes y priorizará sus acciones en 65 municipios y seis capitales: Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Medellín, Popayán y Santa Marta.
La estrategia, que se ajustará a las distintas realidades territoriales, dinámicas de la violencia, fuentes de riesgo, conflictos socioambientales, entre otros factores, trabajará en la presencia territorial del Estado y el acompañamiento de la comunidad internacional, en la acción preventiva y estratégica de la fuerza pública en terreno y en medidas de justicia y contra la impunidad.
El Puesto de Mando Unificado por la Vida también contó con la participación del ministro del Interior, Alfonso Prada; el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda; el presidente del Congreso de la República, Roy Barreras, y el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, entre otros funcionarios del Gobierno Nacional, líderes de las comunidades, alcaldes y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.