Hay gran preocupación entre empresarios, gremios y analistas del sector minero-energético por la reforma tributaria y los anuncios sectoriales del nuevo gobierno. La preocupación es comprensible y debería extenderse, además, al resto de sectores económicos que se verían afectados con estas decisiones y a los ciudadanos del común, quienes serían los principales damnificados.
Ahora revisemos las propuestas de la reforma tributaria, empezando por el absurdo impuesto a las exportaciones de crudo y algunos minerales. Conceptualmente, los impuestos que se activan con el precio de las materias primas están mal diseñados dada la alta volatilidad de la cotización de los commodities en los mercados internacionales. Adicionalmente, este tipo de impuestos, al igual que las regalías, es regresivo y distorsivo al no tener en cuenta los costos de exploración y producción, y en la práctica ha resultado ser un desastre, como lo indican las experiencias de Zambia y Mongolia. Finalmente, en el caso de la minería de oro, el impuesto sería un incentivo perverso a la ilegalidad, afectando más a los pequeños mineros que han hecho un gran esfuerzo por formalizarse y bancarizarse.
Como complemento a este disparate, la reforma prohibiría la deducción de las regalías pagadas por las empresas mineras y petroleras de la base gravable para el impuesto de renta. La deducción de las regalías es una práctica universal y el argumento contable y económico es simple: el impuesto de renta grava las utilidades y excluir las regalías pagadas de las deducciones incrementaría artificialmente la renta líquida gravable de las empresas. Y, como si esto fuera poco, la reforma también propone un régimen de depreciación más oneroso y menos acorde con la realidad económica de los proyectos extractivos, impuesto a los dividendos y la eliminación de las zonas francas costa afuera, instrumento que viabilizaría los recientes descubrimientos de Uchuva y Gorgón 2 por parte de Ecopetrol, Petrobras y Shell en el mar Caribe.
En conclusión, la reforma tributaria incrementaría de un plumazo la carga tributaria a uno de los principales sectores económicos del país en 25 %, según cifras de la ACP, dejando el government take por encima de 80 %. Esto pone en serio riesgo la viabilidad de muchos proyectos que hoy están en ejecución y de los más de 70 nuevos contratos que se firmaron en la administración anterior, los cuales generarían inversiones, solo en la etapa exploratoria, por más de 4.000 millones de dólares.
Pero no contentos con poner en jaque la viabilidad de proyectos existentes, las estocadas finales fueron el anuncio oficial de que este gobierno no firmará nuevos contratos de exploración y producción, y el acompañamiento a la radicación de un proyecto de ley para prohibir el fracking, apresurándose a tomar decisiones trascendentales para el país sin tener en cuenta la ciencia ni la investigación.
Bien haría el gobierno en atender las preocupaciones de la industria y reconsiderar estas propuestas, además de estudiar a Jean Baptiste Colbert, primer ministro de Estado y de Hacienda de Luis XIV, quien decía que “el arte de la tributación consiste en desplumar el ganso para obtener la mayor cantidad de plumas posible con el menor número de graznidos”.
Al contrario de Colbert, lo que la actual administración pretende hacer con la reforma tributaria y los anuncios sectoriales es descuartizar el ganso de los huevos de oro... y los graznidos están ensordeciendo a más de una junta directiva en Houston, Calgary y Londres.
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