Frenar la ilegalidad en este servicio público domiciliario es una tarea prioritaria. Por: Alejandro Martínez Villegas* 9 de mayo de 2018. Gracias al servicio público domiciliario de distribución y comercialización del Gas Licuado de Petróleo (GLP) cerca de 12 millones de colombianos, que residen en más de 922 municipios (83% del territorio nacional), pueden cocinar. Es un combustible caracterizado por ser accesible económicamente, además de amable con el medio ambiente y la salud humana al emitir menos emisiones contaminantes que otros energéticos. En el país se consumen alrededor de 50 millones de kilos de GLP en promedio mensual, que se utilizan a nivel residencial para cocción y como fuente de energía para la agricultura y los sectores industrial y de servicios, como hoteles y restaurantes. Como presidente de la Asociación Colombiana del GLP (Gasnova), agremiación que reúne al 76% de las distribuidoras y comercializadoras presentes en el país, me preocupa la ilegalidad que afecta, no solo las inversiones de nuestros asociados para mejorar el servicio, sino que -principalmente- supone riesgo de accidentes por el incumplimiento de las normas técnicas y de las buenas prácticas empresariales que caracterizan al sector formal. Estamos hablando de conductas ilegales tales como la existencia de “llenaderos” clandestinos (garajes donde se envasa el GLP de forma fraudulenta), la venta ilegal de cilindros robados a los que no se les hace mantenimiento o el contrabando desde países vecinos como Ecuador y Venezuela. Advertimos con preocupación el surgimiento de verdaderos carteles del GLP en las principales ciudades del país. La ilegalidad impacta al sector empresarial formal que ha invertido en los últimos años más de 500 mil millones de pesos para poner en manos de los usuarios alrededor de 10 millones de cilindros. Estimamos que cerca de un 20% lamentablemente han caído en manos de los ilegales. Combatir este flagelo, más que una alternativa, se convierte entonces en una obligación en la que todos los actores del sector del GLP debemos contribuir. Por parte de Gasnova, como entidad gremial, estamos ejecutando una estrategia que incluye el fortalecimiento institucional en diferentes regiones del país, en su componente de judicialización. Frenar la ilegalidad en este servicio público domiciliario es una tarea prioritaria en la medida en que es necesario formalizar y ampliar la cobertura del GLP, para llenar las necesidades energéticas de una parte importante de la población más vulnerable en el país y de los sectores económicos, dentro del marco de cumplimiento de las obligaciones ambientales internacionales frente al cambio climático. *Presidente de Gasnova. \tRelacionado Presentan lineamientos de política para el GLPEn «GLP»Colombia: El GLP, con potencial de crecimiento por el nuevo Plan de DesarrolloEn «GLP»Garantizan el abastecimiento de GLP en ColombiaEn «GLP»