Sin que se destrabe el conflicto jurídico que mantienen Norte de Santander y Boyacá, no se pueden tomar decisiones
Debemos ser claros y precisos: el departamento quedó a las puertas de perder la batalla.
Suponemos que la Gobernación de Norte de Santander ya debe de tener listo todo un gran documento con las pruebas necesarias para entregarlo al gobierno del presidente Gustavo Petro, con el fin de buscar que la región no quede apenas como un simple espectador de una riqueza gasífera como la del pozo Gibraltar.
Eso sería, además de lamentable, realmente complicado para en un momento dado procurar el suministro de ese combustible a la región y porque implicaría en la práctica que Norte renunciaría a ese corregimiento de Toledo.
Debemos ser claros y precisos: el departamento quedó a las puertas de perder la batalla (más no la guerra jurídica) que trajo como consecuencia que dicho yacimiento sea apenas un ‘buen vecino’, del cual solamente quedaríamos disfrutando del olor y viendo como se lo siguen llevando para otros departamentos.
La pelea que se libra actualmente corresponde a la desatada por la Resolución 750 del 11 de julio de 2022, que fuera emitida por la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
La ANH, como se le conoce también a dicha institución nos dio una pésima noticia que tiene preocupados a todos, al certificar que el yacimiento prácticamente corresponde en su totalidad al vecino departamento de Boyacá.
Esto es lo que le puso los pelos de punta y en estado de alerta a esta zona de frontera: “Área Sirirí, operado por Ecopetrol se ubica en un 99.5997% en los terrenos del municipio de Cubará (Boyacá) y 0,4003% en Toledo (Norte de Santander)”.
Coloquialmente hablando esto significaría que fuimos tan desafortunados los nortesantandereanos que alguna falla natural provocó que el Campo Gibraltar haya quedado situado en la línea limítrofe con tierras boyacenses y que apenas su extracción de gas tocara una milésima de predios de Norte.
Se imagina el común de la gente que para llegarse a conclusiones tan milimétricamente precisas los organismos especializados como la AHN deben de haber adelantado los procedimientos técnicos y científicos especializados para ello.
Sin embargo, el hecho de que la administración del gobernador Silvano Serrano manifestara que lo expuesto en la controversial resolución es “carente de legitimidad”, implica que aún existen posibilidades de revertir y probar lo contrario y de continuar en las discusiones jurídicas y conceptuales.
En ese mismo asunto, la Gobernación tiene un as bajo la manga que ahora podrá jugar con mayor opción porque frente a un nuevo gobierno es factible reclamar y consolidar una petición de que dicho acto administrativo se revierta con los alegatos respectivo. Dicha alternativa corresponde a un asunto de antiguo litigio territorial entre Norte de Santander y Boyacá que incluye a ese yacimiento gasífero, como lo ha expuesto la administración departamental.
“Los terrenos donde se encuentra el yacimiento de gas (corregimiento de Gibraltar -Toledo) se encuentran aún en litigio; por lo tanto, sin que se destrabe el conflicto jurídico que mantienen Norte de Santander y Boyacá, no se pueden tomar decisiones sobre un territorio históricamente reconocido como de Norte de Santander”.
Se requiere entonces una gran cruzada regional por la defensa de la región del Sarare, en la cual deben jugar papel principal los congresistas nortesantandereanos al lado de la administración departamental, los gremios y la ciudadanía en general, acudiendo además a los organismos de control como la Procuraduría General de la Nación.
En este caso es valedera la consideración de quienes afirman que la definición de los límites no es una función de la ANH, puesto que para eso están los organismos técnicos especializados y la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado donde deben darse los debates, sin renunciar a otras instancias jurídicas por la defensa de la integridad territorial.
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